Junto con los bancos comerciales, los mercados de capitales juegan un papel fundamental en los sistemas financieros internacionales, siendo cada vez mayor su relevancia económica. Corea del Sur no es una excepción a esta tendencia, y el entorno macroeconómico está evolucionando en ese sentido. El modelo de crecimiento surcoreano se ha reconducido hacia industrias de alto valor tecnológico e innovación, a través de una industria con gran tradición tecnológica e importantes apoyos gubernamentales. Este tipo de industria se caracteriza por ser una industria de alto riesgo, pero capaz de arrojar espectaculares retornos de la inversión; sin embargo, para que la misma se desarrolle, es de vital importancia una financiación con capital riesgo a largo plazo. Adicionalmente, el aumento del nivel de vida, el poder adquisitivo y el envejecimiento de la población, hacen de los productos de inversión financiera una nueva forma de ingresos alternativa y atemporal cada vez más necesarios.
Por otro lado, el proteccionista y disperso marco legal surcoreano sobre el mercado de capitales y los servicios de inversión financiera ha sido considerado hasta ahora como un pesado lastre que ha frenado la competitividad y el correcto funcionamiento de una industria, la financiera, que hasta ahora está muy lejos del gran desarrollo experimentado por otras grandes economías. Desde el gobierno, se ha pretendido a través de una profunda reforma en el marco legislativo, que se produzca en Corea del Sur un nuevo Big Bang financiero como el ocurrido en Estados Unidos, Reino Unido o Japón más recientemente (2001). Aunque el objetivo parece si cabe ambicioso, una serie de medidas concretas ya han sido tomadas al respecto, girando todas ellas en torno a la nueva ley que reforma del mercado de capitales y los servicios de inversión financiera, que servirá como piedra angular a todo el proyecto liberalizador.
La ley “Financial Investment Services and Capital Market Act” fue promulgada el 3 de agosto de 2007, y su entrada en vigor está prevista para enero/febrero de 2009. La ley, también denominada “Financial Consolidation Act” reemplazará y agrupará en gran medida muchas de las leyes actuales que rigen el marco legal del mercado de capitales surcoreano, permitiendo expandir el número de productos y servicios financieros existente, así como habilitando un legislación más armonizada con los estándares internacionales, incrementando así la competencia en el mercado entre los distintos entes e instituciones que operan en él.
Situación actual
En la actualidad en Corea del Sur existe un sistema financiero regulado bajo un régimen legislativo muy disperso. Numerosas leyes se complementan y superponen regulando en muchas ocasiones la misma materia de una manera distinta y arrojando diversas interpretaciones legislativas. Todo ello debe ser combinado con los numerosos estatutos y normativas diversas que son de aplicación a las distintas instituciones financieras y que en muchas ocasiones prestan los mismos servicios.
Como resultado de toda esta confusión regulatoria, se han detectado numerosos vacíos legales perjudiciales para los intereses del inversor; y ante la indefensión del mismo, se ha desarrollado un sistema paralelo de arbitraje para la resolución de muchos de los conflictos originados bajo este régimen.
Las regulaciones financieras actuales han sido criticadas en numerosas ocasiones desde los sectores financieros locales e internacionales, por inhibir y restringir el desarrollo y la innovación de nuevos productos de inversión financiera. Hoy en día, la ley sólo permite de manera expresa dos tipos de productos: “securities” y derivados. De esta manera existe en estos momentos una lista positiva de productos financieros, recogida en la Securities Exchange Act (para securities) y en la Futures Trading Act (para derivados), desincentivándose así el diseño y desarrollo de nuevos productos financieros, imprescindibles para el desarrollo de la banca de inversión.
Asimismo, la legislación restringe de manera considerable la integración de los distintos servicios financieros en el mercado de capitales, prohibiendo los “cross-overs”, salvo que se cumplan requisitos muy estrictos. Este tipo de restricciones hacen casi imposible que las instituciones financieras en el país puedan aprovecharse de las eficiencias y sinergias propias de la integración financiera. De esta manera, se está poniendo un importante freno a la competitividad de la industria financiera local, que es incapaz de hacer frente a los grandes grupos financieros internacionales.
Principales cambios de la nueva ley
La ley armoniza aproximadamente la mitad de las leyes actuales que regulan el mercado de capitales surcoreano (unas quince en total), incluyendo entre ellas la Securities and Exchange Act, la Futures Trading Act, la Indirect Investment Asset Management Business Act, la Trust Business Act y la Merchant Bank Act.
Uno de los principales cambios que se producirán con la entrada en vigor de la misma, radicará en que se ha optado por un sistema regulatorio basado en las funciones financieras de las instituciones, y no en la propia institución en sí, de tal manera que las mismas funciones quedarán recogidas bajo una normativa común, independientemente del tipo de institución que esté desarrollando dicha función financiera. Se eliminan de esta manera muchos de los vacíos y normativa dispersa existente hasta la fecha. De este modo, las denominadas “funciones financieras” son clasificadas en tres grandes bloques: servicios financieros (i), servicios de inversión financiera (ii) e inversores (iii), estableciendo diferentes requerimientos cada una de ellas, de tal manera que ante posiciones me mayor riesgo, se articularán requerimientos más estrictos.
Dentro de los servicios financieros (i) nos encontramos asimismo, seis subcategorías: “dealing”, “arranging”, “asset mamagement”, “asset custodian management” y “discretionary/non discretionary investment advisory services” Asimismo, dentro de los servicios de inversión financiera (ii) se establece una doble clasificación entre “securities” y productos derivados dependiendo si existe un riesgo de pérdida mayor que el principal invertido.
Por otro lado, la nueva ley también establece una tutela y defensa más estrecha de los consumidores de productos de inversión de mayor riesgo. En este sentido, los inversores serán clasificados como profesionales y no profesionales dependiendo de su experiencia, tolerancia al riesgo o su “hedging capacity”. A modo de ejemplo, en el caso de los productos derivados, éstos sólo podrán ser ofertados a inversores profesionales por ser considerados como productos de alto riesgo. Debido a que los inversores profesionales son considerados como capaces de asumir riesgos de inversión, la nueva ley se ha diseñado para proteger en gran medida al inversor no profesional. Así, las instituciones financieras deberán explicar los riesgos de la inversión y recomendar productos de inversión apropiados a los inversores no profesionales.
Además de este tipo de novedades anteriormente mencionadas, la nueva ley va a implementar importantes cambios que tendrán efecto relajando las hasta ahora numerosas barreras de entrada existentes en el sector, aunque para determinadas funciones financieras seguirán manteniéndose barreras altas. Por ejemplo, el trading de productos derivados seguirá teniendo altas barreras de entrada; sin embargo, los servicios de asesoramiento de inversiones financieras en securities presentarán pocas restricciones. En cuanto a las condiciones para los “equity capitals” estarán ahora diferenciadas de acuerdo con el grado de riesgo para cada situación financiera.
Junto con los cambios ya citados, la nueva ley hace una nueva descripción de los denominados “productos de inversión financiera”, de una manera amplia y abstracta, en lugar de enumerar todos los productos de una manera específica. Dicha nueva definición ha sido diseñada para responder al rápido desarrollo de este tipo de productos dando cabida a la creación de nuevas soluciones financieras en un futuro.
Asimismo, la nueva ley pretende promocionar las sinergias derivadas de una correcta integración de servicios de inversión financiera. Se permite la creación de instituciones financieras capaces de ofertar las seis subcategorías de servicios de inversión financiera. En este sentido, para prevenir los posibles conflictos de interés será imprescindible implementar políticas de defensa del inversor que prevengan el intercambio de información entre los distintos departamentos, que deberán ser estancos, impidiendo posibles fugas de información sensible.
La nueva ley incluye también un nuevo concepto, el denominado “introducing broker” que podrá aconsejar y prestar asistencia a los inversores sobre productos de inversión financiera. La ley establece ciertos requisitos para prestar servicios bajo la figura del “introducing broker”, prohibiéndose expresamente la realización de transacciones financieras en su propio nombre o desde su propia cuenta corriente. Las compañías de servicios financieros deberán registrar sus “introducing brokers” en la Financial Supervisory Comisión, siendo también responsables de su supervisión. En cuanto a la responsabilidad, civil e incluso penal, las compañías prestadoras de servicios financieros serán responsables de cualquier pérdida o daño en el que alguno de sus “introducing brokers” hubiera incurrido tras la prestación inadecuada de servicios según la ley “Act Investor Protection”
La “Financial Investment Services and Capital Market Act” pretende poner en marcha un sistema avanzado de mecanismos de protección del inversor, así como fortalecer el desarrollo de inversiones guiadas, consentidas e informadas con una correcta evaluación y comunicación del riesgo inversor. Son destacables en este sentido dos nuevos conceptos introducidos como son el “Know your customer” y el llamado concepto de adecuabilidad o “suitability” por los cuales, las compañías de inversión financiera deberán informarse sobre sus inversores, recomendándoles los productos de inversión más adecuados a sus características, capacidad de riesgo y circunstancias. Se prohíben también de manera expresa las solicitudes de inversión no deseadas.
Junto con la reforma legislativa propuesta bajo la nueva ley, el nuevo Ejecutivo tiene previsto lanzar un plan para unificar las funciones de supervisión y reglamentación del sistema financiero y así facilitar la desregulación del sector y fortalecer la competitividad frente a otros polos de inversión en Asia como Hong Kong o Singapur. Desde la Presidencia, se anunció la progresiva simplificación de políticas financieras y funciones reguladoras, reduciendo la burocracia y eliminando algunos reglamentos que han mantenido la inversión extranjera en niveles relativamente bajos. A tal efecto, se han unificado bajo un único organismo las funciones de supervisión financiera, que estaban repartidas entre el Ministerio de Finanzas, la Comisión de Supervisión Financiera (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS), quedando la Comisión de Supervisión financiera como único organismo encargado de aprobar normas y operaciones financieras.
Entre otras de las medidas de nueva creación para modificar el actual marco regulatorio del mercado financiero, se ha anunciado en mayo de 2008 la supresión de las barreras que permiten a los fondos de inversión o Private Equity Funds (PEF) controlados por los conglomerados coreanos, tener participaciones en entidades bancarias coreanas. En concreto, podrán aumentar su 4 por ciento actual hasta el 20 por ciento. La regulación actual impedía que los grandes conglomerados industriales coreanos (chaebols) pudieran tener control efectivo sobre las entidades bancarias, pero con la nueva normativa se pretende aumentar la competitividad de los grupos bancarios locales aprovechando sinergias industriales. Por el contrario, los Private Equity Funds extranjeros seguirán sujetos a estrictas regulaciones.
Conclusiones
El Gobierno surcoreano está haciendo grandes esfuerzos para el desarrollo del mercado de capitales interno como respuesta a la necesidad de una infraestructura financiera sólida y armonizada capaz de responder a los principales estándares internacionales. Si bien los cambios normativos están lejos de lograr una liberalización y desregularización total del sector, esta primera fase se antoja como una condición necesaria (y no suficiente) para el deseado despertar financiero del país asiático.
Este proceso, además de permitir el fortalecimiento de la industria local, facilita la entrada de capital extranjero en el sistema financiero, con una rebaja significativa de muchas de las barreras de entrada. A partir de 2009, la entrada de los grandes grupos internacionales de banca de inversión en Corea será una realidad, al poder operar en condiciones similares a las establecidas internacionalmente. Hasta un 40% de un total de 300 normas restrictivas y de control han sido mitigadas o eliminadas; entre ellas la prohibición de concurrencia simultánea en prestación de servicios en securities, futuros y/o asset management, las restricciones a la gestión de determinados activos para bancos comerciales y grandes corporaciones (trusts), o muchas de las obligaciones de registro y comunicación ante la FSC.
Aún es pronto para afirmar si tras todas estas reformas se producirá la pretendida y masiva entrada de capital extranjero al sector financiero, presentándose Corea del Sur como un atractivo entorno inversor capaz de ofrecer oportunidades de negocio reales a las empresas financieras internacionales. En cualquier caso, los avances en este sentido son cada vez más numerosos y representan la nueva línea aperturista surcoreana; la nueva “Financial Consolidation Act” es un claro ejemplo de ello.
Es probable que estemos ante un momento crucial. Las grandes corporaciones bancarias tienen sus ojos puestos en la pequeña península surcoreana desde hace tiempo, y el proceso aperturista parece que está comenzando a avanzar, lentamente. Los primeros en llegar serán los que mayores probabilidades de éxito obtengan, sin embargo, en el caso de tratarse de un nuevo canto de sirena, el fracaso será estrepitoso.
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